Reclaman por la virtual paralización de la carrera judicial, ante la negativa del Ejecutivo provincial a refrendar designaciones de ingresos, ascensos y promociones. Responsabilizan también a la Casa Gris por impulsar “una injusta campaña de desinformación y desprestigio” hacia la función judicial.
Cerca del mediodía de este jueves, los trabajadores que prestan servicios en las distintas dependencias del Poder Judicial llevaron a cabo una asamblea en el hall de Tribunales, incluyendo una foto en las escalinatas de ingreso exhibiendo consignas con un claro destinatario: el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro.
El malestar de los judiciales reconoce varios motivos de coyuntura. Pero el principal de ellos radica en la tesitura adoptada por el gobernador Maximiliano Pullaro desde su asunción, rehusándose a firmar los expedientes que la Corte Suprema de Justicia les viene remitiendo con nombramientos, promociones y ascensos del personal. Tal como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales sostuvieron: “esta caprichosa y nunca fundada ni explicada postura del Ejecutivo afecta a la ciudadanía en general, no se trata de un mero reclamo sectorial”. Es que, según explicaron, “las principales perjudicadas son las personas que rindieron sus exámenes de ingreso, y obtuvieron con esfuerzo los méritos suficientes para ser incorporadas”. “Se trata de un método de ingreso muy exigente, tomado como modelo a nivel nacional por la transparencia”, abundaron. Cabe recordar que esos exámenes se toman cada tres años, y en estas semanas se están llevando a cabo en las distintas sedes y circunscripciones judiciales de la provincia.
También en esos expedientes paralizados se incluyen los ascensos a las distintas categorías que comprenden el cuadro escalafonario establecido por la referida Ley Orgánica. “Nuestros compañeros se esfuerzan mucho para poder lograr esos objetivos. Realizan cursos de capacitación exigentes, el nivel de ausentismo es bajísimo, casi nulo, pues todo repercute en los puntajes”, pormenorizaron. En algunos casos el freno se puso sobre promociones de empleados o abogados de la matricula que han ganado concursos de funcionarios. “No entendemos la postura del gobernador, sobre todo teniendo en cuenta que jamás la ha fundamentado”, añadieron.
Dialogo “cortado” y “campaña sucia”
La tesitura adoptada por el titular de la Casa Gris vino siendo objeto de reiterados pedidos desde comienzos de año, que fueron escalando en tono. Por separado, esas gestiones fueron motorizadas tanto por la Corte Suprema de Justicia, como asimismo por parte del Colegio de Magistrados y Funcionarios y fundamentalmente, por el Sindicato de Trabajadores Judiciales.
Hubo gran cantidad de reuniones con ministros y con el propio Gobernador. El tema estuvo en agenda en la recordada reunión de un domingo a primera hora con los cortesanos. Pero el único acuse de recibo fue el silencio oficial.
“En esas instancias, que fueron muchas, siempre nos dijeron que se trataba de una decisión del gobernador. Jamás nos dieron una sola explicación, un fundamento. Se los pidió la Corte de varias maneras, se lo pedimos nosotros, y ahora nos niega una reunión, el dialogo esta cortado”, sostuvieron desde el gremio. El malestar entre los trabajadores se profundiza por lo que denuncian como una “campaña sucia en los medios y en las redes, de desinformación y desprestigio”. “Nunca explica el gobernador porque dice que la Justicia es cara e ineficiente. Buena parte de los problemas que tenemos es por la falta de cobertura de las vacantes y este ahogo a la carrera judicial”. “Se nos intenta poner en un sitio de privilegio que no es tal, nuestras remuneraciones apenas se corresponden con una carga laboral que implica estar a disposición las 24 horas, los 365 días del año sin percibir horas extras. Con incompatibilidades y delegación de funciones y facultades, si vamos a debatir, que lo hagan de frente”, se quejaron.
Como sigue
Las medidas de protesta se replicaron en toda la provincia, y en principio para las próximas semanas se prevé la continuidad asambleas y manifestaciones, sin descartarse algún paro total o parcial de actividades.